Infancia hiperconectada y nuevos riesgos digitales
La vida digital se ha integrado en las rutinas cotidianas de niños, niñas y adolescentes. A través de internet se relacionan, aprenden, juegan, construyen su identidad y acceden a información y cultura. Este ecosistema ofrece grandes oportunidades para su desarrollo, pero también abre la puerta a nuevas formas de violencia que se ejercen en línea.
Los datos disponibles en España muestran una realidad preocupante. El Informe sobre la cibercriminalidad del Ministerio del Interior indica que las amenazas y coacciones constituyen los delitos online que con mayor frecuencia afectan a menores, con 1 606 victimizaciones registradas en 2024. A esto se suma un volumen elevado de violencia sexual digital, con 1 078 victimizaciones notificadas en el mismo periodo. El 84,2% de los delitos sexuales online tuvo como víctimas a niños, niñas y adolescentes, con especial impacto sobre las niñas, lo que convierte a la infancia y la adolescencia en el grupo más expuesto.
Sin embargo, estas cifras solo representan la parte visible de un problema más amplio. Muchos casos no se denuncian y otros ni siquiera llegan a identificarse como violencia digital, lo que limita la comprensión real de su magnitud.
Violencia online: un problema infradenunciado
Las investigaciones sobre prevalencia de la violencia digital en la infancia en España confirman que la cibercriminalidad detectada es solo la punta del iceberg. Un estudio del Ministerio de Juventud e Infancia señala que el 25% de las personas encuestadas afirmó haber sufrido algún tipo de violencia online durante su infancia. Entre los responsables, se señalaron con frecuencia a la pareja, tanto en relaciones adolescentes como jóvenes, y a personas desconocidas, tanto adultas como también menores.
La reacción de las víctimas ante estas situaciones evidencia un alto grado de silencio. La mitad de las personas consultadas dijo no haber hecho nada tras sufrir violencia digital. Solo un 31,3% se lo contó a alguien de confianza y apenas un 9,7% llegó a formalizar una denuncia. Además, se observan diferencias de género, ya que los hombres denunciaron en mayor medida que las mujeres, lo que apunta a posibles barreras específicas que afectan a las chicas.
En el ámbito de la violencia sexual durante la adolescencia, un estudio de la Universidad de Barcelona en 2024 identificó la victimización electrónica como la forma más frecuente, que afectaba al 12% de la muestra y recaía de nuevo con más fuerza sobre las chicas. Investigaciones posteriores, en colaboración con organizaciones de defensa de la infancia, han descrito que la gran mayoría de adolescentes participantes manifestó haber sufrido alguna forma de victimización sexual online a lo largo de su infancia o adolescencia.
Equilibrar protección y derechos en el entorno digital
El entorno digital se ha consolidado como un nuevo espacio donde se reproducen y amplifican violencias contra la infancia, con particular incidencia de las amenazas, coacciones y agresiones sexuales. Sin embargo, centrar el debate solo en los riesgos puede llevar a respuestas simplistas que no resuelven el problema y vulneran otros derechos.
Internet también favorece el derecho a la educación, a la identidad, a la cultura, al ocio y al juego, a mantener relaciones familiares, a expresarse, a acceder a información y a participar social y políticamente. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a través de la Observación General Nº 25 sobre derechos de la infancia en relación con el entorno digital, insiste en que la protección no puede implicar exclusión de estos espacios ni un recorte desproporcionado de libertades.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre prevenir las violencias digitales y garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan seguir ejerciendo sus derechos en el entorno online. Expulsarles de las redes o retrasar indefinidamente su acceso no resuelve los riesgos y puede generar nuevas desigualdades y vulnerabilidades.
Respuesta legal y retos pendientes
El ordenamiento jurídico español ha comenzado a adaptarse a esta realidad. La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada en 2021, incorpora el entorno digital como un ámbito en el que se deben garantizar la seguridad y la protección. Esta norma enfatiza la prevención, la sensibilización y la capacitación de la infancia, las familias y los profesionales que trabajan con menores.
En la misma línea, el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales propone reforzar las medidas de protección, modificar delitos recogidos en el Código Penal y establecer obligaciones específicas para que las empresas tecnológicas diseñen productos y servicios más seguros para los menores. Entre sus propuestas destaca el aumento de la edad para prestar consentimiento en el tratamiento de datos personales de 14 a 16 años, lo que afectaría de forma directa a la edad mínima de acceso a redes sociales.
No obstante, diversos análisis advierten que elevar la edad legal no resolverá por sí sola el acceso temprano de menores a plataformas online, especialmente ante la ausencia de mecanismos efectivos de verificación de edad. En la práctica, muchos niños y niñas menores de 14 años ya participan en redes y consumen contenidos no adecuados, lo que pone en cuestión la eficacia de las medidas basadas únicamente en restricciones formales.
Acompañar el acceso digital y construir entornos seguros
Más que centrarse solo en la edad de acceso, el debate se orienta hacia la calidad de los entornos digitales y el acompañamiento que reciben niños y niñas cuando comienzan a utilizarlos. Las oportunidades y los riesgos varían según la edad y el grado de madurez, de modo que la adquisición de competencias digitales, criterio crítico y autonomía debería ser progresiva.
Desde la perspectiva de los derechos de la infancia, las medidas deben ser eficaces, necesarias y proporcionadas, evitando prohibiciones que puedan limitar injustificadamente otros derechos. Antes de implantar nuevas restricciones, resulta esencial evaluar el interés superior del menor, analizar el impacto real de las políticas y revisar su efectividad a medio y largo plazo. El objetivo final no es reducir la presencia de la infancia en internet, sino construir entornos digitales más seguros en los que puedan aprender, relacionarse y desarrollarse de forma plena.
En este contexto, la formación de profesionales capaces de analizar críticamente estas problemáticas, diseñar estrategias educativas y participar en el desarrollo de políticas de protección digital resulta clave. Programas como la Maestría en Comunicación que ofrece FUNIBER aportan herramientas para comprender el impacto social de los entornos digitales, desarrollar campañas de sensibilización y promover un uso responsable y seguro de las tecnologías de la información en la infancia y la adolescencia.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de The Conversation, Ministerio del Interior de España, Ministerio de Juventud e Infancia, Universidad de Barcelona, Save the Children y Observación General Nº 25 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.